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El nuevo control de depósitos reabre el debate sobre el juego offshore en España
España se prepara para cambiar la forma en que se controlan los depósitos en el sector del juego online. El nuevo sistema no analizará únicamente cuánto dinero ingresa un usuario en una plataforma, sino que tendrá en cuenta la suma depositada en todos los operadores con licencia española. La Dirección General de Ordenación del Juego pondrá en marcha una fase de prueba el 25 de septiembre de 2026. Si se cumple el calendario previsto, el control conjunto comenzará a aplicarse de forma definitiva el 25 de marzo de 2027.
Un único límite para varias cuentas de juego
Actualmente, los usuarios pueden disponer de cuentas en diferentes casas de apuestas y casinos online. Aunque cada operador supervise los depósitos realizados en su propia plataforma, no existe necesariamente una visión completa de la actividad acumulada en el resto de páginas reguladas.
El nuevo modelo pretende cubrir esta situación mediante un límite transversal para todo el mercado autorizado. Los depósitos efectuados en distintas plataformas se contabilizarán conjuntamente, lo que impedirá eludir el control distribuyendo el dinero entre varias cuentas.
Los límites establecidos por defecto serán los siguientes:
- 700 € al día
- 1.750 € a la semana
- 3.300 € durante cuatro semanas
Los jugadores podrán solicitar cambios en estas cantidades o su eliminación. Sin embargo, la modificación no será automática y estará sujeta a un procedimiento específico con comprobaciones y medidas de protección adicionales.
Seis meses para probar el sistema
La implantación se dividirá en dos etapas. La primera comenzará el 25 de septiembre de 2026 y estará dedicada a comprobar el intercambio de información, el funcionamiento de las herramientas técnicas y la capacidad de los operadores para aplicar correctamente los límites.
Tras este periodo de seis meses, el sistema debería entrar en funcionamiento el 25 de marzo de 2027. Por tanto, las empresas autorizadas deberán iniciar los preparativos antes de que concluya la fase de prueba.
La adaptación no se limita a los aspectos técnicos. Los operadores tendrán que modificar sus condiciones generales, informar a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos y actualizar sus políticas de privacidad. También deberán llevar a cabo una evaluación del impacto en la protección de datos personales.
La DGOJ centralizará la comprobación de los depósitos
La Dirección General de Ordenación del Juego desempeñará un papel central en el nuevo procedimiento. Las plataformas reguladas remitirán la información necesaria al organismo, que comprobará si el usuario se mantiene dentro de los importes permitidos.
De esta forma, cada operador podrá saber si un nuevo ingreso provocaría que el jugador superara su límite acumulado. El sistema estará dirigido exclusivamente al mercado online regulado en España y no incluirá las plataformas offshore que operan sin autorización de la DGOJ.
El mercado no regulado gana presencia
La reforma llega en un momento de crecimiento significativo de la actividad offshore. Los datos expuestos por H2 Gambling Capital indican que este segmento aumentó un 102 % durante el último año, aunque su volumen inicial era considerablemente inferior al del mercado autorizado.
Parte de este avance se relaciona con la expansión de los casinos que aceptan criptomonedas. Muchas de estas páginas no cuentan con una licencia española y ofrecen condiciones diferentes a las exigidas a los operadores regulados.
Esta circunstancia plantea una de las principales dudas sobre la nueva normativa. Aunque los límites buscan mejorar el control y la protección del usuario, también podrían incentivar a algunos jugadores a utilizar plataformas que no aplican las restricciones españolas.
Posible traslado del gasto hacia operadores offshore
H2 Gambling Capital calcula que el sistema podría reducir en aproximadamente 300 millones de euros el gasto previsto dentro del mercado regulado. De esa cantidad, cerca de 80 millones podrían desplazarse directamente hacia páginas offshore.
Los 220 millones restantes representarían una reducción neta de la actividad. Según estas estimaciones, la medida supondría una presión cercana al 7 % sobre el mercado autorizado durante 2027 y 2028.
Pese a ello, no se espera necesariamente una caída de los ingresos totales del sector regulado. El crecimiento orgánico del juego online podría compensar parte del impacto, aunque a un ritmo mucho más moderado que en años anteriores.
Las previsiones apuntan a una desaceleración
Antes de conocerse el nuevo sistema, las estimaciones situaban los ingresos brutos del mercado español de iGaming en unos 2.100 millones de euros para 2027. Las previsiones revisadas muestran ahora un escenario de mayor estabilidad y menor crecimiento.
El segmento regulado podría pasar de alrededor de 1.900 millones de euros en 2026 a 2.050 millones en 2028. La evolución seguiría siendo positiva, pero se alejaría de las tasas registradas durante los últimos años.
En cambio, los ingresos del mercado offshore podrían aumentar de 590 millones de euros en 2026 a aproximadamente 820 millones en 2028. Este avance también afectaría a la tasa de canalización, es decir, al porcentaje de actividad que permanece dentro del entorno autorizado.
Las proyecciones sitúan dicha tasa en el 76 % en 2026, el 74 % en 2027 y cerca del 71 % a partir de 2028. Una proporción mayor del juego online quedaría, por tanto, fuera del control directo del regulador español.
El reto de combinar protección y competitividad
La finalidad principal del límite común es detectar con mayor precisión el nivel total de depósitos de cada usuario. Desde la perspectiva de la protección del jugador, el modelo permite evitar que los controles individuales pierdan eficacia cuando una persona utiliza varias plataformas.
Al mismo tiempo, España deberá vigilar si las nuevas condiciones reducen el atractivo del mercado regulado. Los operadores autorizados están sujetos a obligaciones de identificación, seguridad y juego responsable que no siempre se encuentran en las páginas offshore.
El resultado dependerá de si el sistema consigue mantener un equilibrio entre protección y canalización. La fase de prueba permitirá corregir posibles fallos técnicos, pero el verdadero efecto sobre la conducta de los jugadores y el mercado no regulado solo podrá evaluarse después de su entrada en vigor.
